La Corte Suprema de Brasil ha levantado el bloqueo sobre las cuentas bancarias de Starlink y la plataforma X, ambas empresas de Elon Musk, tras el pago de una multa de 18,35 millones de reales brasileños (aproximadamente 3,3 millones de dólares). Las sanciones estaban vinculadas a un litigio por incumplimiento de órdenes judiciales por parte de X. Relacionadas con la difusión de desinformación y discursos de odio en el país.
La Corte había clasificado este tipo de contenido como una amenaza para la democracia, motivo por el cual se tomaron medidas legales contra la plataforma. Según el juez Alexandre de Moraes, X fue multada también por no haber designado un representante legal en Brasil, tal como lo exige la legislación local. Aunque las sanciones económicas ya han sido atendidas, la plataforma X continúa bloqueada desde el 30 de agosto.
El conflicto legal comenzó cuando X no cumplió con órdenes judiciales para bloquear cuentas acusadas de difundir información falsa y discursos de odio. Lo que la Corte Suprema consideró una amenaza directa a la estabilidad democrática de Brasil. Este tipo de contenido, cada vez más vigilado por las autoridades brasileñas, llevó a acciones estrictas contra la plataforma de redes sociales. Señalada por no cooperar plenamente con las autoridades.
La medida de bloquear las cuentas bancarias fue una de las acciones legales que se tomaron contra las empresas de Musk en Brasil. Lo que afectó tanto a la plataforma X como a Starlink, el servicio satelital de internet que también pertenece al multimillonario. Con el pago de la multa, las cuentas han sido descongeladas, aunque las tensiones legales continúan.
El caso llegó recientemente a la Procuraduría General de la República (PGR), después de que el Colegio de Abogados de Brasil y el partido político Partido Novo impugnaran la prohibición de la plataforma X. Sin embargo, el 12 de septiembre, la PGR emitió un informe en el que afirmaba que la suspensión de la red social no violaba los derechos de libertad de expresión. Argumentando que la medida estaba justificada en la protección de la democracia y el orden constitucional.
A pesar de que las sanciones económicas ya se han resuelto, la plataforma sigue inactiva en el país, mientras continúa el debate sobre su futura operatividad en el territorio brasileño. Aunque el gobierno ha mantenido una postura firme en cuanto al control de la desinformación en las redes sociales, se espera que este caso siente precedentes sobre cómo se gestionan estos temas en el ámbito digital en Brasil.