El 26 de agosto de 2024, el Ministro de Hacienda de Nueva Zelanda, Simon Watts, presentó un nuevo proyecto de ley fiscal que incorpora el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este marco, destinado a regular la recopilación y el intercambio de datos sobre criptomonedas, es parte de una estrategia global para aumentar la transparencia fiscal en el sector de los criptoactivos.
El proyecto de ley, titulado «Fiscalidad (tipos anuales para 2024-25, respuesta de emergencia y medidas correctivas)», no solo establece las tasas anuales del impuesto sobre la renta y medidas de desgravación fiscal, sino que también introduce modificaciones a la Norma Común de Información (CRS). La inclusión del CARF es una medida clave para asegurar que los ingresos generados por el comercio de criptoactivos sean debidamente gravados.
Con la implementación del CARF, los proveedores de servicios de criptoactivos en Nueva Zelanda, conocidos como RCASP, deberán empezar a recopilar información detallada sobre los usuarios de sus plataformas a partir del 1 de abril de 2026. Estos datos deberán ser reportados a la Agencia Tributaria de Nueva Zelanda antes del 30 de junio de 2027. Quien a su vez compartirá esta información con las autoridades fiscales de otros países cuando corresponda. Este proceso es parte de un esfuerzo global para asegurar que las transacciones de criptomonedas se realicen de manera transparente y que los beneficios derivados sean adecuadamente gravados.
El proyecto de ley también contempla sanciones para los RCASP que no cumplan con los nuevos requisitos de presentación de informes. Las multas varían desde 300 dólares neozelandeses (aproximadamente 186 USD) por instancia de incumplimiento, hasta un máximo de 10,000 dólares neozelandeses (6,200 USD). En casos de incumplimiento grave, donde no se tomen «precauciones razonables» para cumplir con los requisitos del CARF, las multas podrían ascender entre 20,000 y 100,000 dólares neozelandeses (entre 12,000 y 62,000 USD).
Los usuarios de criptomonedas que no proporcionen la información necesaria también podrían enfrentarse a sanciones, con multas de hasta 1,000 dólares neozelandeses (621 USD). Sin embargo, los RCASP podrán evitar sanciones si demuestran que el incumplimiento se debió a factores fuera de su control.
El desarrollo de este proyecto de ley refleja un creciente interés global en regular y monitorear el mercado de criptoactivos. Asegurando que las ganancias obtenidas a través de las criptomonedas estén sujetas a las mismas obligaciones fiscales que otros tipos de ingresos. Nueva Zelanda, al adoptar el CARF, se posiciona a la vanguardia de esta tendencia, buscando no solo asegurar una mayor transparencia en el sector cripto. Sino también proteger su base fiscal en un entorno digital cada vez más complejo.