World, anteriormente conocida como Worldcoin, ha alcanzado un importante logro al verificar la identidad de 10 millones de personas en su red de identidades digitales. Este avance refuerza su visión de una red global diseñada para validar la identidad humana en un mundo cada vez más influido por la inteligencia artificial (IA).
El sistema de World utiliza dispositivos denominados «orbes», los cuales recopilan datos biométricos de los usuarios para garantizar que sean humanos y únicos en la red. Según la empresa, esta verificación es crucial ante el avance acelerado de la IA, que podría comprometer la confiabilidad de la información y los derechos de propiedad intelectual.
En un comunicado del 9 de enero de 2025, el equipo de World destacó:
«La prueba de identidad humana será probablemente la piedra angular para habilitar una IA ética y escalable, asegurando que los humanos sigan siendo los creadores empoderados en un mundo cada vez más moldeado por máquinas inteligentes».
Aunque World celebra este hito, su modelo no está exento de controversias. Críticos advierten que los sistemas de identidad digital pueden convertirse en herramientas de vigilancia masiva y abuso por parte de gobiernos autoritarios. Además, existen preocupaciones sobre la recopilación y el almacenamiento de datos biométricos sensibles, que podrían ser mal utilizados o comprometidos.
El rápido crecimiento de World no ha pasado desapercibido para las autoridades regulatorias. Desde 2023, la empresa ha enfrentado múltiples desafíos legales en varios países:
A pesar de estas restricciones, World mantiene que sus operaciones cumplen con las leyes locales en las jurisdicciones donde opera y defiende su enfoque como esencial para el futuro de la identidad digital en la era de la IA.
El proyecto World se encuentra en un delicado equilibrio entre sus promesas de innovación tecnológica y los retos normativos. A medida que la adopción de la IA crece, la necesidad de soluciones para proteger la identidad humana se vuelve más evidente, pero su implementación debe superar desafíos regulatorios y garantizar la protección de los derechos individuales.